Podríamos afirmar, con dejo de sarcasmo —por supuesto—, que fue una semana de grandes estrategias electorales. Que la novedad retorna a las fuerzas partidistas y que la renovación democrática se pronuncia, esperanzadora, en el horizonte. Tal vez, por fin, después de un sexenio lleno de derrotas —legislativas, municipales, estatales, federales y ahora, para colmo, judiciales—, la oposición consigue reconfigurarse. Tal vez, incluso, estemos presenciando el inicio de una etapa distinta, una en la que los errores acumulados se convierten, súbitamente, en experiencia útil.

Solo un grupo ganó y puede colocarse con la victoria en la Cámara baja: el de los partidos satélites. Una razón predominó en su fingido golpe de moralidad: mantener intacto un cómodo sistema partidista.

Sorprende el pretendido golpe de conciencia del bloque coalicionista del gobierno. El freno —promesa reiterada de la oposición— sabíamos desde hace tiempo que no podría materializarse por simple aritmética parlamentaria. Resultó desmoralizante observar cómo, pese a los juramentos, incluso el respaldo definitivo a la reforma al Poder Judicial terminó contando con votos provenientes del PAN. Aquello ya anticipaba el verdadero alcance de la bancada contraria: una oposición ineficiente, aunque en el fondo nada sorprendente; previsible en su resignación al lugar minoritario que hoy ocupa en la representación nacional, quizá no del todo inmerecido.

Dándole una merecida sacudida de polvo al librero, encontré un pequeño volumen olvidado en el apartado reservado para los novelistas nacionales. Algunos de ellos, autores de novelas queridas —o consentidas—, recordadas por sus entrañables personajes y simpáticas situaciones; por sus tonos vulgares y crudos: mexicanas como Los bandidos del Río Frío, de Manuel Payno, y muy mexicanas como El complot mongol, de Rafael Bernal —probablemente mi favorita en la colección familiar y cuya adaptación a la pantalla no me atrevo a ver por razones evidentes—. Otras, perdidas en el tiempo u oscurecidas por la gran sombra de títulos más celebrados del mismo autor, como ocurre con Juan Rulfo y aquellos trabajos descuidados por lectores más interesados en el venerable Pedro Páramo.

Esta semana —y permítaseme la digresión, porque toda ruptura histórica exige un pequeño rodeo narrativo—, después de un sexenio marcado por aquel eslogan de tersura casi pastoral («abrazos, no balazos»), pretendida alquimia verbal capaz de transmutar violencia en voluntad, se ha insinuado un antes y un después. No por el ruido —que siempre acompaña—, sino por la naturaleza del acto. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, figura casi mitológica del crimen organizado contemporáneo, no es simplemente la caída de un hombre; es la caída de una forma de administrar el conflicto desde la prudencia retórica.

Pendientes de simpatías siempre fluctuantes, los partidos políticos —cada vez más dependientes de la atención ciudadana— suelen declinar en favor de perfiles populares, relegando a profesionales cuya trayectoria o capacidad podrían justificar su presencia en la boleta. Se sustituyen credenciales por reconocimiento; experiencia por recordación; mérito por visibilidad.

La impositiva figura, ahora destituida, de Marx Arriaga Navarro parece dibujarse como la caricatura de un individuo que ha dejado de serlo: colectivizado, enfermo de ideología y orgulloso de los errores que confunde con victorias. Un funcionario mediocre que, amparado por el favor de un movimiento al que pertenece por excelencia —el obradorato—, intentó resistirse a la transformación interna de su propio partido, esa que comienza a reconocer, con correcciones incómodas pero necesarias, los excesos de su primer piso.

¿Hasta qué punto —me pregunté esta semana— puede cargarse de inocencia un acto con el propósito de encubrirlo? Siempre hay una coartada disponible: un descuido, se dirá; una pequeñez exagerada; o, la más cómoda de todas, una intención que nunca fue tal. Lo cierto es que ya son demasiados los deslices de la clase política que se normalizan y se minimizan hasta volverse paisaje. Abundan los escándalos que terminan por opacar la solemnidad de nuestras instituciones y, lo más grave, comportamientos tan condenables como hipócritas que, con el paso de los días, comienzan a dejar de importar.

En vísperas de concluir mis estudios como licenciado en Derecho, el cinco de febrero reaparece en el calendario con la puntualidad de un gesto automático. Para muchos —incluidos quienes pronto llamaremos colegas— no es más que una fecha útil para la ironía, la mención protocolaria o el comentario académico sin consecuencias. Nada particularmente grave. Nada que exija demasiado.
Los actos oficiales, previsibles y huecos, no hacen justicia a la violencia histórica que dio forma al constitucionalismo mexicano. Se omiten las rupturas, se banalizan las pérdidas y se administran los derechos como si fueran concesiones menores. El cinco de febrero llega y se va sin dejar rastro, recordado a regañadientes por un gremio que parece incómodo con su propia función.

Escudarse en una supuesta crisis humanitaria para justificar valores ideológicos agotados no solo es intelectualmente pobre: es moralmente cínico. Apelar a la hermandad latinoamericana y al respaldo solidario como excusa para sostener regímenes fallidos se ha vuelto un recurso automático, un refrito retórico que evita deliberadamente señalar al verdadero responsable del colapso: la propia dictadura que se pretende proteger.