Credenciales y responsabilidad
Pendientes de simpatías siempre fluctuantes, los partidos políticos —cada vez más dependientes de la atención ciudadana— suelen declinar en favor de perfiles populares, relegando a profesionales cuya trayectoria o capacidad podrían justificar su presencia en la boleta. Se sustituyen credenciales por reconocimiento; experiencia por recordación; mérito por visibilidad. No se trata de un fenómeno singular ni sorprendente. Podemos mencionar a: en México, la trayectoria política de Cuauhtémoc Blanco y el paso legislativo de Sergio Mayer que han alimentado el debate sobre mérito y responsabilidad pública. En Estados Unidos, el ascenso de Donald Trump evidenció hasta qué punto la notoriedad mediática puede convertirse en capital electoral decisivo, mientras que figuras como Ronald Reagan muestran que el origen en el espectáculo no determina por sí mismo el desenlace institucional. En tiempos donde el desencanto hacia lo público es palpable y donde los políticos pertenecientes a una clase añeja convocan menos gente que un puesto de tacos, la tentación de recurrir a rostros más «coloridos» resulta comprensible, aunque no necesariamente justificable. La política, presionada por la lógica de la atención inmediata, compite ya no por ideas sino por reflectores.
«Se sustituyen credenciales por reconocimiento; experiencia por recordación; mérito por visibilidad»
El capital político es volátil, traicionero y rara vez meritocrático. Las celebridades de ayer pueden convertirse en los legisladores, presidentes municipales, gobernadores —y ahora incluso jueces o ministros— de mañana. Y no pretendo descalificar trayectorias individuales. No se trata de un reproche moral ni de una nostalgia elitista por una supuesta edad dorada de la política profesional. Tampoco preocupa, en sentido alarmista, que el sistema premie la popularidad: en una democracia, el respaldo ciudadano es condición indispensable de legitimidad. Sería ingenuo exigir que la competencia electoral ignore la fuerza del carisma o la notoriedad pública. El problema es otro.
«La política, presionada por la lógica de la atención inmediata, compite ya no por ideas sino por reflectores»
Lo verdaderamente inquietante es la ausencia de estándares claros sobre qué entendemos por idoneidad. Porque si bien es cierto que provenir de la farándula no garantiza incompetencia, también lo es que la mera experiencia partidista no asegura profesionalismo. Ni la celebridad es sinónimo de incapacidad, ni el político tradicional es garantía de pericia. Lo verdaderamente problemático no es que perfiles provenientes del deporte o del espectáculo participen en política. El problema comienza cuando el cargo pierde densidad simbólica; cuando deja de percibirse como responsabilidad pública y se administra como extensión de la marca personal.
La falta de respeto al encargo y la facilidad con la que se justifican los tropiezos son síntomas de algo más profundo: la ausencia de exigencia institucional y la debilidad de las penalizaciones partidistas. El exceso de apapacho político —esa protección corporativa que todo lo disculpa— es capaz de minimizar incluso señalamientos graves. Ahí están los ejemplos que han marcado la conversación pública reciente. El caso de Cuauhtémoc Blanco, cuya trayectoria política ha estado acompañada de controversias y acusaciones que continúan pesando en el debate público, evidencia cómo el respaldo partidista puede operar como blindaje más que como filtro. Más que sus aficiones personales o su estilo, lo relevante es la percepción de que el cargo se vuelve accesorio frente a la imagen.
De manera similar, Sergio Mayer ha ejemplificado la tensión entre exposición mediática y responsabilidad institucional. La justificación de participaciones en formatos de entretenimiento como extensión de un supuesto activismo político reabre la pregunta sobre los límites entre representación pública y autopromoción.
¿Será que la ausencia de mérito —o, en otras palabras, la falta de una lucha real por alcanzar lo que hoy se ostenta— explica esa desenvoltura casi despreocupada con la que algunos ejercen el cargo? Quien no ha debido demostrar competencia para llegar, difícilmente siente la presión de sostenerla al permanecer. ¿Qué importa estar en sesión si se puede jugar al pádel? ¿Qué importa discutir una de las reformas más trascendentes del sexenio si se puede aparecer en un programa de televisión? La pregunta no apunta a la actividad en sí —nadie está obligado a la austeridad monástica—, sino al orden de prioridades que revela.
«El problema no es el ocio; es la jerarquía de responsabilidades»
El problema no es el ocio; es la jerarquía de responsabilidades. Cuando la agenda pública se subordina a la agenda personal, el cargo deja de ser encargo y se convierte en plataforma.
Las conductas que critico no se agotan en perfiles provenientes del espectáculo o del deporte. Sería cómodo limitar el señalamiento a ellos. La misma ligereza puede encontrarse en legisladores plurinominales, en operadores partidistas de carrera y en dirigentes que han transitado por todos los escalones internos sin que ello haya garantizado competencia sustantiva. La improvisación no es monopolio de la celebridad; es patrimonio de un sistema que no penaliza la mediocridad.
Más inquietante aún resulta escuchar a miembros de esa misma clase política —beneficiarios de arreglos partidistas, de listas cerradas y de negociaciones cupulares— criticar a sus compañeros menos espabilados, como si la diferencia entre unos y otros fuera de naturaleza y no de grado. La inconsistencia es evidente: se cuestiona la torpeza visible mientras se normaliza la insuficiencia estructural.
—Un Estudiante