En vísperas de concluir mis estudios como licenciado en Derecho, el cinco de febrero reaparece en el calendario con la puntualidad de un gesto automático. Para muchos —incluidos quienes pronto llamaremos colegas— no es más que una fecha útil para la ironía, la mención protocolaria o el comentario académico sin consecuencias. Nada particularmente grave. Nada que exija demasiado.
Los actos oficiales, previsibles y huecos, no hacen justicia a la violencia histórica que dio forma al constitucionalismo mexicano. Se omiten las rupturas, se banalizan las pérdidas y se administran los derechos como si fueran concesiones menores. El cinco de febrero llega y se va sin dejar rastro, recordado a regañadientes por un gremio que parece incómodo con su propia función.

Escudarse en una supuesta crisis humanitaria para justificar valores ideológicos agotados no solo es intelectualmente pobre: es moralmente cínico. Apelar a la hermandad latinoamericana y al respaldo solidario como excusa para sostener regímenes fallidos se ha vuelto un recurso automático, un refrito retórico que evita deliberadamente señalar al verdadero responsable del colapso: la propia dictadura que se pretende proteger.