¿Hasta qué punto —me pregunté esta semana— puede cargarse de inocencia un acto con el propósito de encubrirlo? Siempre hay una coartada disponible: un descuido, se dirá; una pequeñez exagerada; o, la más cómoda de todas, una intención que nunca fue tal. Lo cierto es que ya son demasiados los deslices de la clase política que se normalizan y se minimizan hasta volverse paisaje. Abundan los escándalos que terminan por opacar la solemnidad de nuestras instituciones y, lo más grave, comportamientos tan condenables como hipócritas que, con el paso de los días, comienzan a dejar de importar.

En vísperas de concluir mis estudios como licenciado en Derecho, el cinco de febrero reaparece en el calendario con la puntualidad de un gesto automático. Para muchos —incluidos quienes pronto llamaremos colegas— no es más que una fecha útil para la ironía, la mención protocolaria o el comentario académico sin consecuencias. Nada particularmente grave. Nada que exija demasiado.
Los actos oficiales, previsibles y huecos, no hacen justicia a la violencia histórica que dio forma al constitucionalismo mexicano. Se omiten las rupturas, se banalizan las pérdidas y se administran los derechos como si fueran concesiones menores. El cinco de febrero llega y se va sin dejar rastro, recordado a regañadientes por un gremio que parece incómodo con su propia función.