Esta semana —y permítaseme la digresión, porque toda ruptura histórica exige un pequeño rodeo narrativo—, después de un sexenio marcado por aquel eslogan de tersura casi pastoral («abrazos, no balazos»), pretendida alquimia verbal capaz de transmutar violencia en voluntad, se ha insinuado un antes y un después. No por el ruido —que siempre acompaña—, sino por la naturaleza del acto. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, figura casi mitológica del crimen organizado contemporáneo, no es simplemente la caída de un hombre; es la caída de una forma de administrar el conflicto desde la prudencia retórica.

Pendientes de simpatías siempre fluctuantes, los partidos políticos —cada vez más dependientes de la atención ciudadana— suelen declinar en favor de perfiles populares, relegando a profesionales cuya trayectoria o capacidad podrían justificar su presencia en la boleta. Se sustituyen credenciales por reconocimiento; experiencia por recordación; mérito por visibilidad.

La impositiva figura, ahora destituida, de Marx Arriaga Navarro parece dibujarse como la caricatura de un individuo que ha dejado de serlo: colectivizado, enfermo de ideología y orgulloso de los errores que confunde con victorias. Un funcionario mediocre que, amparado por el favor de un movimiento al que pertenece por excelencia —el obradorato—, intentó resistirse a la transformación interna de su propio partido, esa que comienza a reconocer, con correcciones incómodas pero necesarias, los excesos de su primer piso.

¿Hasta qué punto —me pregunté esta semana— puede cargarse de inocencia un acto con el propósito de encubrirlo? Siempre hay una coartada disponible: un descuido, se dirá; una pequeñez exagerada; o, la más cómoda de todas, una intención que nunca fue tal. Lo cierto es que ya son demasiados los deslices de la clase política que se normalizan y se minimizan hasta volverse paisaje. Abundan los escándalos que terminan por opacar la solemnidad de nuestras instituciones y, lo más grave, comportamientos tan condenables como hipócritas que, con el paso de los días, comienzan a dejar de importar.

En vísperas de concluir mis estudios como licenciado en Derecho, el cinco de febrero reaparece en el calendario con la puntualidad de un gesto automático. Para muchos —incluidos quienes pronto llamaremos colegas— no es más que una fecha útil para la ironía, la mención protocolaria o el comentario académico sin consecuencias. Nada particularmente grave. Nada que exija demasiado.
Los actos oficiales, previsibles y huecos, no hacen justicia a la violencia histórica que dio forma al constitucionalismo mexicano. Se omiten las rupturas, se banalizan las pérdidas y se administran los derechos como si fueran concesiones menores. El cinco de febrero llega y se va sin dejar rastro, recordado a regañadientes por un gremio que parece incómodo con su propia función.

Escudarse en una supuesta crisis humanitaria para justificar valores ideológicos agotados no solo es intelectualmente pobre: es moralmente cínico. Apelar a la hermandad latinoamericana y al respaldo solidario como excusa para sostener regímenes fallidos se ha vuelto un recurso automático, un refrito retórico que evita deliberadamente señalar al verdadero responsable del colapso: la propia dictadura que se pretende proteger.

Entre el ninguneo que el gobierno mexicano soporta y su incapacidad para responder —dejando de lado cualquier consideración moral— se vuelve cada vez más evidente una dependencia que nunca fue un secreto: una subordinación económica que hoy pesa con mayor crudeza sobre el ánimo colectivo.

Si algún grupo ha demostrado con creces su frustrante incapacidad en el Senado es la ya diezmada oposición. Resignada a la mera expectación institucional y a la escaramuza menor en espacios como las mesas de debate, intenta —sin éxito— contrarrestar una narrativa tan persistente como desgastante. Es en parte responsable de la reducción de su propio peso legislativo y está en parte asfixiada por una mayoría que se impone mediante tácticas clientelares; así, la oposición observa la reutilización politiquera de un PRI ya en vísperas de una muerte largamente anunciada.

Uno de los pocos placeres ocasionales—del que me permito enorgullecerme— es el baño de vapor. Si se me pregunta, una expresión civilizadora, por ser manifestación de un ocio productivo. Uno llega dejando fuera la vergüenza, sin abandonar el pudor, para convivir con extraños en una singular dinámica igualadora del carácter. Se comparte el agua y las palabras. Ahí se hacen bromas, se intercambian ideas, opiniones subidas de tono; se realizan análisis baladíes que uno olvida tan pronto como termina de secarse —igual que cuando se baja del taxi y la conversación, al cerrar la puerta, se va con el chofer—. Se escuchan todo tipo de conversaciones guardadas —o probablemente no—, del común denominador en dichos lugares: los mayores. Pues los más jóvenes —cercanos a mi generación— suelen excluirse de ese tipo de convivencia y se mantienen, más bien, lejos de dichos espacios, ya en peligro de extinción, sustituidos por los clubes.

Fue gratificante escuchar que el régimen chavista, tras lo que llegó a parecer un interminable ciclo de corrupción sistemática —que algunos defensores contrariados parecen olvidar implicó una violación constante y prolongada de los derechos humanos y civiles de incontables personas—, finalmente llegó a su fin. Resulta revelador constatar que ningún enquistamiento, ni siquiera el de un cáncer político, es perpetuo y que, aun en medio de contrastes relevantes e incómodos, el bien —o al menos el menos dañino de los males— termina por imponerse, aunque sea de manera momentánea.