Parasitar la urna, incendiar el tratado
Mucho se le puede reprochar a una negociación del nivel monumental y económico que representa —para tres naciones— el T-MEC. Sin embargo, los dichos volátiles y calculados que responden a intereses de corte electoral no son evidencia factual suficiente para desaparecer un sistema clave en el desarrollo de los países involucrados. Son, más bien, argumentos leídos desde un contexto alimentado por una política precaria donde el sentimiento es más influyente que el razonamiento, encarecido —ahora y siempre— por la necesidad parasitaria del político por subsistir tras las votaciones. Dicho de esta forma, el alarmismo se diluye: reprochar al contrario para agradar al propio es una práctica tan vieja como la política misma.
Si bien los abusos de todas las partes son una realidad insoslayable —como la maquila mexicana, que no parece indignar a los estadounidenses mientras gocen de beneficios fiscales y mano de obra barata, o la explotación de dicho esquema por agentes ajenos que se benefician de reglas de origen maquilladas para pretender un origen mexicano que no existe—, los saldos pendientes no terminan ahí. Basta mencionar la estela de daños ecológicos que el modelo deja tras de sí en nuestra tierra o su incapacidad histórica para detonar un verdadero desarrollo que impulse a la industria nacional; vicios que, desde México, resultan imposibles de erradicar de la noche a la mañana por razones obvias, empezando por nuestra estrecha dependencia comercial.
Esto no significa, sin embargo, que el repliegue nacionalista sea la vía correcta ni que las fallas del modelo sean insubsanables mediante el diseño de políticas públicas futuras. A final de cuentas, las tres naciones resultamos beneficiadas —de lo contrario, el T-MEC jamás habría sido firmado—. Reducir la complejidad de la integración económica regional a la caricatura de que México solo exporta tomates y tamales calientes es simplemente risible; y más ridículo aún resulta sostener la narrativa de que nuestro país subsiste únicamente por la «buena relación» o la benevolencia hacia la Presidencia. El amarillismo, asumido como síntoma y herramienta de una política populista, resulta tan profundo y alarmante como la vacuidad de quienes portan su discurso.
Tampoco sería correcto tomar este escenario a la ligera: la coyuntura abre la puerta a tres desenlaces posibles. En primer lugar, que esta guerra arancelaria —una táctica de intimidación harto desgastada desde su origen— pierda fuerza en cuanto el tono electoral se diluya, permitiendo que la revisión del tratado retome su curso técnico y natural. En segundo lugar, que la tensión derive en un ajuste forzado de contrapesos al estilo del Acuerdo del Plaza de 1985, donde la amenaza del proteccionismo estadounidense no destruyó el comercio, sino que obligó a una reconfiguración macroeconómica de los flujos de inversión entre los socios geopolíticos. Y en tercer lugar, el escenario adverso: una ruptura abrupta e irreflexiva —cuyo espejo más fiel es el Brexit—, donde el arrebato político termine por imponer barreras logísticas que terminen cobrando factura a la prosperidad de las tres naciones.
Lo cierto es que, independientemente de cuál sea el desenlace, al ciudadano, al empresario y al trabajador les restará reestructurarse. La historia económica de México demuestra que nuestro aparato productivo siempre ha sabido adaptarse a los virajes globales. Frente a las rigideces del entorno, la industria nacional ha respondido históricamente con pragmatismo y creatividad normativa: ahí están la creación del programa IMMEX, la implementación de los PROSEC o el uso estratégico de la Regla Octava como mecanismos de alivio que hicieron posible la supervivencia y competitividad de la planta industrial en momentos de transición. Ante la volatilidad del discurso político, la respuesta no es la parálisis, sino la reingeniería: adaptar las reglas del juego para seguir compitiendo, sin importar cuán turbulenta sea la marea electoral del vecino.
—Este que Escribe