La arquitectura del tranquilizante

Resultan absurdas muchas de las medidas impulsadas por una focalización clientelista, propia de un populismo que prioriza los incentivos electorales sobre las soluciones reales. Se trata de un maquillaje estructural que no resuelve la forma y mucho menos el fondo, postergando proyectos bien orientados por encima de apetitos partidistas. Una pensión por aquí y un programa improvisado por allá bastan para contentar y distraer de los vicios que ya pesan sobre la economía, estrechamente ligada al abuso de los subsidios en el contexto nacional actual.

La crítica sana queda en entredicho frente a un moralismo tan convencional como enfermizo, mientras los comentarios saturados de clasismo terminan por lapidar a la razón. El debate en estos casos, como suele ser la regla, se atrincheras entre la meritocracia y la necesidad: ambos bandos esgrimiendo sus posturas con la mayor subjetividad posible.

Se anuncia una nueva pensión y, llegados a este punto, me parece que el beneficiario pasa a ser lo de menos. Lo que destaca es el formato, marcado por unas ínfulas cómicas y una desesperada búsqueda de simpatía. En el centro aparece su vocero, Mario Delgado, quien aún no termina de levantarse de sus dos últimos tropiezos nacionales; de fondo, el despido de Marx Arriaga, quien a estas alturas debe seguir maquinando la venganza comunista de la escuela humanista mexicana; y, para rematar, las vacaciones mundialistas que anunció con una sonrisa sospechosamente similar a la de su último video.

Detrás de la escenografía, la sobreactuación y el lenguaje, subyace una realidad implacable: el dinero entregado no alcanza para tapar los boquetes que el propio Estado va dejando abiertos. El cheque bimestral intenta borrar el hecho de que la escuela pública no tiene agua, la clínica no tiene insumos y el transporte es un riesgo diario. Se le pide al ciudadano que celebre la dádiva, mientras se le exige que financie por su cuenta lo que el presupuesto público debería garantizar por derecho.

El verdadero problema de esta lógica no es solo fiscal, sino profundamente cívico. Al transformar los derechos en concesiones firmadas por la facción en turno, la administración pública renuncia a formar ciudadanos críticos y se enfoca en administrar un padrón de beneficiarios cautivos. La asistencia social deja de ser una herramienta de movilidad o de justicia reparadora para convertirse en una correa de transmisión electoral. Se sustituye el rigor técnico y la exigencia ciudadana por una lealtad condicionada al calendario de depósitos.

Esta pirotecnia política, sin embargo, tiene un límite matemático que la retórica no puede esquivar. Financiar la inmediatez a costa de la infraestructura y el crecimiento productivo es una apuesta suicida que termina cobrando factura en forma de inflación, déficit y estancamiento. Cuando la borrachera del subsidio agote el margen de maniobra, los voceros del régimen recogerán el escenario y pasarán a la siguiente escenografía, mientras la clase media y las propias familias vulnerables tendrán que pagar los platos rotos de un país que prefirió comprar paciencia a plazos antes que edificar un futuro.

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