Parásito del erario

Mucho se ha dicho del chisme de redes —que, como casi siempre, termina devorando los temas de verdadero interés— en torno al reciente fallo histórico de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Salinas Pliego. Los hechos, en lo que a la ley concierne, han sido atendidos con la severidad que corresponde a la exorbitante suma adeudada; una severidad justa, diría yo, pues no se trata sino de la consecuencia de una evasión fiscal prolongada más allá de cualquier límite razonable. En pocas palabras, aquello que algunos han querido presentar como un «día negro» no es más que el desenlace inevitable de prácticas amorales que el empresario sostuvo con conocimiento de causa y de manera sistemática.

«Aquello que algunos han querido presentar como un ‘día negro’ no es más que el desenlace inevitable de prácticas amorales»

Lo inquietante es la reacción de ciertos ideólogos contemporáneos, empeñados en alimentar el pensamiento de sus huestes dentro de un movimiento de enorme popularidad electoral. De pronto, la palabra «recaudación» parece haber sido redescubierta, y su supuesta abolición —un extremo ficticio, meramente teórico y completamente ajeno a la realidad— se abraza con una afabilidad populista que sorprende, aunque quizá no debería. El ANCAP quiere lanzarse a la grande: 2030 —un plan z dentro del menú desesperado de la oposición reciente—, al parecer, será el año de una neo-derecha mexicana que no termina de empatar con nuestro contexto nacional y que, como otras corrientes opositoras, parece no comprender su papel dentro de un sistema republicano. Contrariar: únicamente contrariar. Esa es la estrategia. Los consensos han quedado atrás.

Es cierto —y me cuento entre quienes sostienen esta postura— que existe una crítica chestertoniana válida y necesaria frente a las autoridades fiscales: una crítica que denuncia excesos burocráticos, deformaciones institucionales y prácticas que castigan a los pequeños mientras perdonan a los grandes. Pero ese matiz, tan importante, suele perderse en debates binarios que defienden extremos perjudiciales, donde la discusión pública oscila entre quienes querrían dinamitar toda recaudación y quienes la justifican sin límites, olvidando que la virtud política casi nunca reside en los absolutos.

«La virtud política casi nunca reside en los absolutos»

La recaudación ha de proteger al desamparado dueño de esa pequeña propiedad privada, sin herir al ciudadano que, en tiempos como estos, a duras penas llega a fin de mes. No debe ser excesiva —me permitiré excluir, por principio de excepcionalidad, al propio RSP— y mucho menos centralizada o partidista. Y entiendo que estos principios —que han sido apropiados, desde un victimismo bien ensayado, por un hombre que muchos podrían calificar de usurero— puedan hoy esgrimirse en su defensa. Pero ello no los invalida; únicamente demuestra lo fácil que resulta distorsionar en la discusión pública aquello que, en esencia, pertenece al sentido común.

No quiero patologizar al defensor del mal llamado ultraje; es entendible que, en medio de la confusión y de campañas de polarización que nunca han buscado un punto justo de recaudación para las mayorías —las clases medias y bajas—, muchos terminen identificándose aspiracionalmente con un escenario que se considera alcanzable. Existe, además, un fenómeno sociológico —documentado desde la teoría poscolonial— que ayuda a explicar esto: la tendencia de ciertos sectores subalternos a adoptar los intereses y preocupaciones del poderoso porque ello ofrece, aunque sea de manera simbólica, una sensación de cercanía con ese estatus. No es una falla moral ni un rasgo individual; es un reflejo cultural que ha acompañado históricamente a sociedades sometidas a profundas desigualdades. Como prueba, baste recordar la reciente distribución presupuestal de nuestros impuestos, que no generó el mismo escozor, a pesar de que en ese caso sí se afectaba de manera directa a quienes hoy se muestran indignados.

En declaraciones pasadas, Salinas Pliego llamó «parásitos» a quienes, según él, viven de los programas financiados por la recaudación. Pero Chesterton —tan lúcido como siempre— advertía que el verdadero parasitismo social no está en quien recibe una ayuda legítima, sino en quien «toma del Estado sin devolver nada equivalente». Y si algo demuestra este episodio es justamente esa inversión moral: quienes son estigmatizados como beneficiarios improductivos sostienen, con sus impuestos, las arcas públicas; mientras que quien los acusó de «parásitos» fue quien privó de manera sistemática los recursos destinados al bien común.

«El verdadero parasitismo social no está en quien recibe una ayuda legítima, sino en quien toma del Estado sin devolver nada equivalente»

Es esa contradicción la que define el espíritu de esta discusión: no la existencia de la recaudación, sino su justicia. Chesterton no pedía abolirla, sino humanizarla; no reducirla a un instrumento de burocracias voraces, sino convertirla en un resguardo para la pequeña propiedad y para el ciudadano común. Y quizá sea allí donde valga la pena volver a mirar. Porque, al final, la cuestión no es quién recibe, sino quién evade; no quién es señalado, sino quién en realidad se comporta como el parásito del sistema que dice despreciar.

Firma,
Un estudiante