Podríamos atribuir la dificultad de defender una institución a muchos factores, entre los que se enumeran —de manera enunciativa más no limitativa— los sospechosos habituales: un tótem que se invoca para deslindar de responsabilidades a cualquiera que se atreva a señalar a la nada, a la corrupción lacia que «no empezó con nosotros» o a una desigualdad tan antigua como la primera. Son manes que ya no cuentan con peso literal ni figurativo y parecen existir solo para llenar párrafos en los periódicos. Y, sin embargo, a estos viejos conocidos se les suman hoy los fenómenos generacionales; es aquí donde me gustaría detenerme.
Hace tiempo, en las páginas de Homo videns, leí un ejemplo que en su momento me pareció una exageración teórica —disculpándome de antemano por los recortes que la memoria suele hacer de estas cosas—. Se describía allí cómo, para una mente nutrida exclusivamente de información visual, un concepto abstracto como el Estado podía volverse perfectamente incomprensible. La lógica del argumento era simple: el individuo puede ver una ciudad, un edificio o un policía, pero jamás puede ver al Estado. Aquel diagnóstico, que entonces rozaba la distopía pedagógica, hoy se ha convertido en el suelo que pisamos: ¿cómo pedirle a una generación educada en el imperio de lo perceptible que defienda un andamiaje invisible, una maquinaria formal que no cabe en una pantalla ni se deja fotografiar?
Y aunque podemos escuchar, leer, ver e inclusive vivir todos los días la pedacería de aquello que generaciones como la mía han tomado por sentado —como la economía de un país semiestable o el estado de derecho que empezaba a encaminarse a una verdadera profesionalización—, nadie repara en las consecuencias. Para muestra, el INE. Lo que antes era un árbitro técnico dotado de una autoridad casi invisible pero operativa, hoy se consume como un espectáculo de facciones donde solo importa el agravio de la coyuntura. Se desmantela la maquinaria y se discute el detalle minúsculo, incapaces de notar que cuando el andamiaje cede, lo que se derrumba no es una sigla ni un organigrama, sino la precaria ficción de orden que hacía posible discutir sobre algo más que ruinas.
Pero surge entonces la pregunta más áspera: ¿cómo explicarle a una mente incapaz de procesar abstracciones el riesgo real de perder una institución que, aun cargada de vicios, lograba operar dentro de lo aceptable y abría el margen para ser mejorada? ¿Cómo alertar sobre el desmantelamiento de un andamiaje si el interlocutor solo percibe la falla cosmética o el engranaje ruidoso? Y lo que resulta todavía más desolador: ¿cómo aspirar a un debate público que logre reformar, cambiar o sustituir para bien a la democracia —otra abstracción monumental—, cuando hemos renunciado al lenguaje mismo que permite concebirla? Discutir sobre su mejora exige admitir que existe un piso común; destruirla bajo la ilusión de que algo mejor brotará espontáneamente de las ruinas no es audacia reformista, sino una forma sofisticada de analfabetismo político.
—Este que Escribe