El impacto nacional de la política en Chihuahua
Son contados los escenarios en los que la política local alcanza un impacto federal —e incluso internacional—. Sin embargo, las aseveraciones categóricas, contrastadas con sus ineludibles consecuencias políticas, terminan por eclipsar la severidad del porvenir nacional.
Se habla con frecuencia de «traición a la patria», un señalamiento de máxima gravedad que parece haber perdido fuerza por el desgaste del tiempo o por una discursiva oficialista que lo emplea como si de una nimiedad se tratase. Pero también se habla de traición partidista y de principios: de cómo se le dio la espalda a un colectivo que, con orgullo, salió a defender a la gobernadora chihuahuense Maru Campos. La misma que hoy, motivada por probables intereses personales —un escenario nada difícil de imaginar—, ha cambiado de postura, dejando atrás a todos aquellos que alzaron la voz cuando las acusaciones que hoy pesan sobre el exfiscal César Jáuregui recaían sobre sus propios hombros y, dicho sea de paso, con menor intensidad.
Sin lugar a dudas, nos encontramos ante un precedente histórico que figurará en las aulas del derecho como un ejemplo moderno de un tipo penal. Uno que nos recuerda que la Constitución no es un mero documento teórico o historicista, aunque sí, al menos en las últimas administraciones, letra muerta ignorada a conveniencia. Una compleja e interesante teoría del caso deberá fraguarse para defender al exfiscal, digna de las mejores entregas de Erle Stanley Gardner.
Lo cierto es que, en detrimento de una división de poderes hoy más difusa que nunca, asistiremos al desfile de argumentos panfletarios diseñados exclusivamente para alimentar las narrativas de las próximas contiendas electorales. Todo ello sin importar que tales posturas descuiden el discurso de colaboración ofrecido a Estados Unidos para saciar su apetito intervencionista, el cual, paradójicamente, también sirve a intereses electorales propios. Irónicamente, con la persecución del imputado se proyecta una supuesta imagen de combate a la impunidad que, tal como se pinta la situación, termina por reafirmar la infortunada acusación.
Mucho se puede desglosar de estas contradicciones que se bifurcan: en el terreno legal, una Fiscalía estatal reducida a un instrumento de ajuste de cuentas cuya «teoría del caso» difícilmente sostendrá el rigor técnico en los tribunales; en el plano político, una dirigencia partidista que prefirió sacrificar a sus leales y entregar la plaza con tal de ganar impunidad temporal en la antesala de las próximas elecciones.
Esta encrucijada expone la fragilidad de un sistema donde el pragmatismo absoluto ha desplazado cualquier resquicio de congruencia ideológica. La simulación procesal se viste de rigor republicano mientras las decisiones de fondo responden,como de costumbre, al cálculo inmediato del poder. Se pretende convencer al electorado de que se actúa en nombre de la justicia, cuando en realidad se ejecutan maniobras de supervivencia política para acomodarse al mapa de fuerzas emergente.
Al final, lo que queda al descubierto no es la eficacia ni la autonomía de las instituciones, sino la peligrosa normalización de la lealtad maleable. Cuando las garantías constitucionales se convierten en moneda de cambio y las causas de ayer se desechan según la conveniencia de hoy, la ciudadanía no solo atestigua el quiebre de una alianza partidista, sino la erosión paulatina del contrato social. Nos queda administrar el desencanto de observar cómo el derecho se amolda al discurso oficial, dejando al porvenir nacional como el único perjudicado permanente.
—Este que Escribe