El Doble Rasero como Doctrina
Pocas veces se presentan con tal prontitud y severidad los embates del karma como esta semana en nuestro país. El oficialismo, acostumbrado a dictar la moral pública desde el púlpito, se ha visto atrapado en su propia red de contradicciones. El escenario no admite matices: estamos ante una ilegalidad contradictoria donde la justicia no es ciega, sino daltónica. Lo que para el adversario es el peso absoluto de la ley, para el aliado es la protección absoluta del movimiento.
El caso de Chihuahua no debe leerse como una cacería de brujas sin fundamento, sino como el ejemplo perfecto del rigor selectivo. Si la gobernadora Maru Campos vulneró la soberanía nacional al permitir la injerencia de agencias extranjeras, la ley debe actuar con toda su fuerza; la soberanía no es un concepto negociable. Sin embargo, lo que delata la hipocresía del sistema no es la persecución del posible delito, sino la frenética celeridad con la que se invoca el juicio político. En Chihuahua, el oficialismo ha redescubierto una fe inquebrantable en el Estado de Derecho, transformando un incidente en una afrenta nacional que exige la máxima sanción.
Pero el karma tiene un sentido de la ironía implacable. En la misma semana que se afilaba la guillotina para el norte, el Pacífico encendió sus propias alarmas. Las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. contra Rubén Rocha Moya —que vinculan al gobernador de Sinaloa con los estratos más profundos del crimen organizado— han recibido un tratamiento diametralmente opuesto. Aquí, la "soberanía" que servía de espada contra Chihuahua se transmuta súbitamente en un escudo. Ante los señalamientos contra Rocha, el oficialismo no exige juicios políticos ni investigaciones exhaustivas; exige "unidad" y denuncia "intervencionismo".
Es aquí donde la columna vertebral de la ética pública se rompe. No se trata de justificar omisiones en Chihuahua, sino de señalar el blindaje sistémico en Sinaloa. La hipocresía radica en sostener que un gobernador es culpable por "colaborar" con una agencia, mientras que el otro es una víctima por ser señalado de "coludir" con el narcotráfico. Esta dualidad convierte a la Constitución en un menú a la carta: se elige el artículo que castiga al enemigo y se ignora el que compromete al correligionario.
Esta gestión de la justicia según el color del uniforme es la muerte lenta del Estado de Derecho. Cuando la ley se administra con criterios de lealtad partidista, deja de ser justicia para convertirse en extorsión política. El mensaje para la ciudadanía es desolador: el delito es relativo y la impunidad es un privilegio de militancia.
Al final, el espejo del karma nos devuelve una imagen nítida de la descomposición institucional. Si la soberanía es sagrada en Chihuahua, debe serlo también en Sinaloa. Si la ley es implacable para la oposición, no puede ser sorda ante el oficialismo. Mientras la justicia siga siendo un garrote de facción, México seguirá sumido en una simulación donde el "crimen" no es violar la ley, sino no pertenecer al círculo de los protegidos.
—Este que escribe